Jul
04
2017
El trabajo de la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo llega al Congreso de los Diputados.Comparecencia de la Plataforma en la ONU. En marzo de 2009, la Plataforma remitió un informe denuncia al Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de las Naciones Unidas. En dicho informe se denunciaba el incumplimiento reiterado y metódico del Tratado Internacional. El 15 de junio de 2010 el Comité emitió una resolución dando la razón en todos los puntos denunciados y condenando a España por el incumplimiento del referido Convenio. (ACCC/C/2009/36). A pesar de esto, España ha seguido incumpliendo las recomendaciones del Comité, lo que se ha traducido en dos resoluciones de todas las Partes firmantes del Convenio, una en 2011 (Spain Decision IV/9f) y otra en 2014 (Spain Decision V/9k), en las que exigen que España cumpla con las resoluciones y determina que se modifiquen las normas que regulan el acceso a la asistencia de justicia gratuita para que las pequeñas ONGs tengan derecho al mismo. En la última comunicación con España en diciembre de 2016, el Comité decía textualmente” […] antes del 31 de diciembre de 2016, proporcione una descripción de todas las medidas adoptadas a fin de que se superen los obstáculos restantes de la plena aplicación de los párrafos 4 y 5 del artículo 9 de la Convención en lo que respecta a la asistencia jurídica a las ONG, junto con los textos de dichas medidas acompañados de una traducción al inglés de la misma.” Desde el 2009 la Plataforma trabaja siguiendo la evolución del caso. Ha aportado documentación adicional y ha estado y está recordando al Estado Español que cumpla con las resoluciones. En febrero de 2017 la Plataforma comunicó al Comité que ante el reiterado incumpliendo, y de acuerdo con la Convención de Viena, que España debería ser excluida del Convenio de Aarhus hasta que cumpla. La decisión será tomada en la próxima reunión de todas las Partes firmantes del Convenio que tendrá lugar en Budva, Montenegro, en septiembre de 2017. El 30 junio de 2017, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en la cual hace referencia explícita a la Decisión V/9k. En ella se propone que “«j) Con independencia de la existencia de recursos para litigar o de la declaración de utilidad pública, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan como fin la protección del medio ambiente en general, o la de alguno de sus elementos y, en particular, las señaladas en el artículo 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cuando ejerzan la acción popular en asuntos medioambientales regulada en el artículo 22 de la referida ley, así como cualquier otra acción en defensa de los intereses medioambientales en cualquier orden jurisdiccional.». La labor rigurosa e incansable de la Plataforma que durante más de siete años ha remitido al Comité de Cumplimiento del Convenio los documentos que prueban que España no ha tomado ninguna medida para cumplir con las Resoluciones está teniendo la repercusión que se merece. La Plataforma espera que la Proposición sea aceptada de forma que España cumpla las Resoluciones y no se exponga a ser excluida del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas.
04 de julio de 2017 |
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