Dic 10 2009

La ONU invita a la Plataforma Contra la Contaminación a su sede en Suiza

El Convenio de Aarhus fue ratificado por España el 29 de diciembre de 2004, entró en vigor el 29 de marzo de 2005, y es directamente aplicable desde su entrada en vigor. Supone  obligaciones por sí mismo, reconoce y regula derechos para las personas, y debe ser respetado por todos los órganos del Estado, incluidos los judiciales. Tiene un valor jerárquico superior a la ley pero no a la Constitución. Así pues, desde su entrada en vigor, regula los derechos de acceder a la información, a participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia en materia ambiental.

Palacio de las Naciones. Ginebra

Además, establece un mecanismo para controlar su cumplimiento. Para lo cual se crea un Comité responsable de examinar las quejas que se reciban respecto a la falta de cumplimiento del mismo. La novedad es que el Comité también examina las denuncias que los ciudadanos le hagan llegar.

El Convenio es tan importante que refiriéndose a él, Kofi Annan, Ex secretario General de las Naciones Unidas afirmó  “Aunque de ámbito regional, la importancia del Convenio de Aarhus es global. Se trata, con mucho, de la elaboración más impresionante del Principio 10 de la Declaración de Río, que acentúa la necesidad de que los ciudadanos participen en los asuntos ambientales y de que accedan a la información sobre el medio ambiente que está en poder de las autoridades públicas. Y como tal, es hasta ahora la empresa más ambiciosa acometida en el área de la ‘democracia ambiental’ bajo los auspicios de las Naciones Unidas”

La Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo, cansada de que sus reiteradas solicitudes de información y denuncias no tuvieran ningún efecto real sobre la actitud de las administraciones públicas, y que sus solicitudes para acceder a la Justicia Gratuita hayan sido denegadas, decidió comunicar la reiterada inobservancia del Convenio por España al Comité de Cumplimiento.

Así, en febrero de 2009, la Plataforma remitió un informe, en el que mediante casos prácticos, ponía en conocimiento de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE o ECE), a la cual pertenece el Comité, los incumplimientos, casi metódicos, a los que ha sido sometido este tratado internacional.

Después de estudiar el caso, la Comisión, decidió admitir la reclamación. Posteriormente ha solicitado algunas aclaraciones al Estado Español. Algunas de las preguntas que formula la Comisión son muy significativas; sirva como ejemplo: “¿Pueden ser penalizados, perseguidos o molestados por sus actividades quienes emprendan actuaciones o se opongan a un proyecto? ¿Qué clase de protección ampara a tales personas en la legislación española?”

La Comisión ha invitado a la Plataforma a asistir a su vigésimo sexta reunión que tendrá lugar en Ginebra el 16 el diciembre de 2009, donde también está invitado el Gobierno Español para tratar los temas denunciados. Hasta el momento las aclaraciones que España ha remitido a la Comisión no ponen en duda ninguna de las denuncias que ha formulado la Plataforma.

A esta reunión acompañará a la Plataforma otra asociación que ha sufrido y sigue sufriendo, también de manera reiterada, los incumplimientos del Convenio, la Plataforma Ciudadana Refinería No (PCRN). Seguramente el movimiento social espontáneo más importante de la historia de Extremadura. Una asociación modélica, cuyos miembros han soportado un acoso por parte de las administraciones públicas incompatible, no sólo con el Convenio, sino con los más elementales principios democráticos.

La Plataforma Contra la Contaminación quiere agradecer al Comité de Cumplimiento, no solo la invitación, sino su generosidad, pues tomando en consideración que la asociación carece de recurso económicos (los socios pagan una cuota simbólica de 1€ al año), se ha hecho cargo de todos los gastos derivados del viaje a Suiza.

Esperamos que el Estado Español, en coherencia con lo firmado en este Tratado, corrija su comportamiento y, cambiando su actitud, implante de manera efectiva el acceso a la información, a la participación y a la justicia gratuita en materia de medio ambiente.

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