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May
14
2015
La Junta de Extremadura tendría que haber emitido la Autorización Ambiental Integrada de la refinería Balboa hace casi un año.
El 29 de enero de 2015, en declaraciones a un medio de comunicación regional, el Director General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, en alusión al proyecto de Refinería Balboa en Tierra de Barros, afirmaba que “el promotor presentó un recurso de reposición tras la Declaración de Impacto Ambiental negativa. Cuando se resuelva, el gobierno regional publicará la Autorización Ambiental Integrada, que también será negativa”. Respondía así a críticas de la plataforma "Refinería Sí" por los retrasos en el trámite.
Ante estas declaraciones que sin lugar a dudas introducían un argumento circular sin salida por el cual la Junta de Extremadura no emitía la Autorización Ambiental Integrada (AAI) porque el Ministerio de Medio Ambiente no había respondido al Recurso de Reposición del promotor, y el Ministerio de Industria no podía cerrar el proyecto porque la Junta de Extremadura no había emitido la AAI preceptiva, la Plataforma contra la contaminación de Almendralejo remitió varias solicitudes de información. Entre ellas a la Junta de Extremadura y al Ministerio de Medio Ambiente.
En contestación a una de las solicitudes de información, con fecha 13 de abril de 2015, la subdirección General de Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, remitió un escrito a la Plataforma en el cual se decía textualmente: “La información que desde esta Subdirección General podemos facilitarle es que, el Recurso potestativo de Reposición interpuesto por la representación de la entidad Refinería Balboa, S.A, contra la Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, de fecha 18 de febrero de 2013, por la que se inadmite a trámite la solicitud de revocación de la Declaración de Impacto Ambiental que el proyecto "Construcción de una refinería de petróleo en Extremadura, término municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz), y sus infraestructuras asociadas (Sevilla y Huelva), ha sido resuelto y desestimado, con fecha 2 de junio de 2014, por el Sr. Secretario de Estado de Medio Ambiente.”
Una vez recibo el escrito, con fecha 27 de abril de 2015, la Plataforma remitió un escrito a la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura adjuntado el mencionado documento para que se incluyera en el expediente.
Hasta el día de hoy, la Junta de Extremadura no ha contestado ni a la solicitud de información, ni a la solicitud de que debía resolver la AAI de forma expresa ante el hecho evidente de que el Ministerio de Medio Ambiente había resuelto y desestimado el Recurso potestativo de Reposición interpuesto por el promotor.
El caso, al parecer de la Plataforma, es muy grave, pues es incomprensible que el Director General de Medio Ambiente desconozca que el recurso al que se refería en sus declaraciones había sido desestimado hacía casi un año. Además, la Junta de Extremadura incumple, otra vez, la obligación de proporcionar la información medioambiental realizada al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) y del Convenio de Aarhus.
Los miembros de la Plataforma consideran que el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura debe aclarar públicamente como es posible el desconocimiento que muestra la Junta de Extremadura en un proyecto de la envergadura del que estamos tratando.
La Plataforma considera que la situación actual genera no sólo inseguridad jurídica a los promotores que quieran invertir en Extremadura, sino que además da la impresión de que los proyectos no se rigen por los procedimientos técnicos y reglamentarios que deberían, sino por oportunismo partidista del gobernante de turno, o alguna otra razón que no logramos entrever en esta administración “tan proclive a la transparencia”.
La asociación espera que los responsables políticos al más alto nivel den las oportunas explicaciones para disipar cualquier género de dudas, fundadas en este caso, sobre la actuación de la Junta de Extremadura.
 Copia del escrito remitido por el Ministerio de Medio ambiente
14 de mayo de 2015
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