Jul 14 2010

La ONU condena por acoso al Alcalde de Almendralejo.

Como en otras ocasiones, los días 15 y 23 de enero de 2008, el Alcalde de Almendralejo, D. José Mª Ramírez Morán, insultaba públicamente a los miembros de la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo, llamándoles “inquisidores”, “manipuladores”, e “ignorantes”, por realizar acusaciones “sin fundamento”. El motivo, los pilares fundacionales de nuestra asociación: nuestra preocupación por la salud y la calidad de vida de los almendralejenses, deterioradas por unas industrias ya conocidas que actuaban al margen de la legalidad  amparadas por el silencio de nuestros gobernantes.

Este comportamiento del  máximo representante local, junto con otros temas, fue denunciado ante alguna institución nacional y en el Comité para el Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas, en marzo de 2009. Este Comité decidió admitir la queja presentada por la Plataforma en su vigésima tercera reunión. Posteriormente, el 16 de diciembre, tuvo lugar en la sede de la ONU en Ginebra la reunión del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus para tratar la comunicación remitida. A esta reunión, además de los miembros del Comité acudieron representantes del Estado Español y de la Plataforma.

Participación de la Plataforma

En la vigésimo octava reunión celebrada entre el 15 y 18 de junio de 2010, el Comité ha resuelto que la queja presentada por la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo está justificada, y entre otras resoluciones, condena la actuación del Alcalde de Almendralejo. En el punto 64 de la resolución puede leerse: “El Comité encuentra que insultando a los ciudadanos públicamente en los medios de comunicación por su interés en actividades con potenciales efectos negativos en el medio ambiente y la salud de la población, las autoridades públicas, así como el gobierno de España, incumplen lo establecido en el artículo 3.8 del Convenio”. El propio Estado Español reconoce que este comportamiento es inadmisible. En las alegaciones que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino envía al Comité el 28 de mayo de 2010, puede leerse en el punto 1.4: “Está claro que los miembros de la Plataforma fueron insultados en la prensa local, lo cual puede constituir un caso de delito… Pero también podría ser considerado como un caso de acoso, como un comportamiento ofensivo que pretende intimidar o inhibir el ejercicio de los derechos recogidos en el Convenio de Aarhus y la legislación nacional”. Y en la respuesta que el Defensor del Pueblo envía a la Plataforma con fecha 16 de abril de 2009, en el punto referente a la “participación del público en la toma de decisiones”, asegura: “Desde luego, unas manifestaciones de autoridad pública referidas a quienes como ustedes pretenden obtener información, participar en asuntos públicos e impugnar y denunciar irregularidades, resultan a esta Defensoría inaceptables”. Y añade en relación a las emisiones de Vinibasa: “A nuestro juicio, estaríamos sobre todo (y nada menos) que ante una fuente de grave contaminación con deficiente supervisión administrativa”.

Así pues, desde diferentes instituciones nacionales e internacionales, se condena el comportamiento del Alcalde de Almendralejo, asegurando que podría ser considerado como delictivo atendiendo a lo establecido en el Código Penal y cuyo objetivo era impedir la participación ciudadana amedrantando a los que se atreven a denunciar unos hechos probados. Pero a pesar de reconocerlo, ni el Defensor del Pueblo ni el Gobierno de España han hecho nada al respecto, permitiendo así que el comportamiento del Alcalde quede impune ante la justicia y admitiendo de hecho que en España las autoridades públicas pueden acosar a los ciudadanos sin ningún temor. De la gravedad del asunto nos da una idea el que ésta es la primera vez que el Comité para el Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas condena por acoso. Ninguna de las autoridades participantes en el proceso, aún teniendo la posibilidad de hacerlo, ha negado la veracidad de lo denunciado. Es triste que seamos los primeros en esto, pero aún es más triste saber cómo entienden la democracia aquellos que nos gobiernan.

Los miembros de la Plataforma consideran que las acusaciones que hacen las instituciones nacionales e internacionales, serían suficientes en cualquier país democrático para impedir que el acusado pudiese ejercer ningún puesto de representación popular o cargo público, pues ha demostrado que es capaz de asediar a los ciudadanos, que en teoría representa, simplemente por decir la verdad. La Plataforma razona que esta vez ha sido por denunciar temas que afectaban seriamente la seguridad y la salud de los ciudadanos, pero tomando en consideración estos antecedentes, se puede afirmar que el Alcalde podría volver a acosar a los ciudadanos por cualquier tema que no fuese de su agrado.

14 de julio de 2010

NOTA:

Dado que los pocos medios de comunicación que se han atrevido a difundir la noticia han decidido cambiar el titular, quizás temiendo que fuese demasiado sensacionalista e irreal, a continuación se reproduce textualmente lo que dice el Art. 3.8 del Convenio de Aarhus.

Articulo 3 Disposiciones generales.
Apartado 8. Cada Parte velará por que las personas que ejerzan sus derechos de conformidad con las disposiciones del presente Convenio no se vean en modo alguno penalizadas, perseguidas ni sometidas a medidas vejatorias por sus actos. La presente disposición no afectará en modo alguno al poder de los tribunales nacionales de imponer costas de una cuantía razonable al término de un procedimiento judicial.