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Cuando el silencio contamina más que los vertidos: la CHG y el Ayuntamiento de Almendralejo deben rendir cuentas.

Arroyo Las Picadas

 El 23 de abril de 2023, la Plataforma contra la contaminación de Almendralejo (PCCA), remitió una queja al Defensor del Pueblo, lo que motivó la apertura de un expediente. Este procedimiento continúa abierto, y después de documentos remitidos por la PCCA en octubre del año actual, el Defensor del Pueblo ha enviado una comunicación que no deja lugar a dudas.

En Almendralejo llevamos demasiado tiempo hablando de vertidos, sanciones, expedientes, requerimientos y episodios contaminantes. Pero lo que hoy debe preocuparnos aún más que el estado de los arroyos Picadas y Harnina es el estado de nuestras instituciones. Porque lo que el Defensor del Pueblo acaba de revelar no es un simple retraso administrativo: es la confirmación de una opacidad estructural, una cultura del silencio y una negligencia informativa que agrede directamente el derecho ciudadano a saber la verdad.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) —el organismo que debería vigilar, controlar y sancionar— ha evitado entregar resoluciones, requerimientos e informes de inspección que son esenciales para comprender si el Ayuntamiento de Almendralejo ha cumplido o no sus obligaciones legales. No hablamos de detalles menores: hablamos de documentos que sirven para determinar si se han producido vertidos en tiempo seco, una de las infracciones más graves del sistema de saneamiento.

¿Por qué una institución pública escondería información que debería ser de dominio público? ¿Por qué un organismo de cuenca se limitaría a enviar una tabla superficial de expedientes y omitir precisamente los elementos más sensibles?

La respuesta, aunque incómoda, es evidente: la transparencia no es una prioridad. Y cuando la transparencia se convierte en un obstáculo, el ciudadano se convierte en víctima.

Pero la CHG no está sola en este silencio. El Ayuntamiento de Almendralejo, protagonista directo de las sanciones y responsable último de la EDARU y del control de los vertidos industriales, no ha dado explicaciones públicas. No ha informado sobre las causas, ni sobre las medidas correctoras, ni sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones. No ha hablado. No ha aclarado. No ha rendido cuentas. Y lo que es peor: ha normalizado que no tenga que hacerlo.

En un contexto de contaminación recurrente, en un municipio cuyos arroyos han sufrido episodios que cualquier administración responsable debería colocar como prioridad absoluta, la falta de información no es solo una negligencia: es una forma de desprotección ciudadana. Es una agresión al derecho colectivo a un entorno saludable. Es una demostración de que, para algunos, gestionar también significa ocultar.

Hoy, la pregunta que Almendralejo debe hacerse no es únicamente si todavía se están produciendo vertidos. Es más profunda, más grave y más urgente: ¿Podemos confiar en instituciones que esconden información esencial sobre nuestra salud ambiental?

El Defensor del Pueblo ha hecho lo que corresponde a una institución que sí actúa con responsabilidad: exigir explicaciones, pedir documentos, exigir inspecciones reales y reclamar transparencia. Es una vergüenza que tenga que recordárselo a quienes deberían haberlo hecho desde el primer día.

Los arroyos Picadas y Harnina no solo han sufrido vertidos. Han sufrido abandono, negligencia y silencio. Y un silencio prolongado contamina más que cualquier derrame, porque corroe la confianza, erosiona la democracia y normaliza la oscuridad institucional.

Este comunicado es un recordatorio para la CHG y para el Ayuntamiento: la ciudadanía está observando, el Defensor del Pueblo está exigiendo, y ya no hay espacio para más silencios.

 

16 de noviembre de 2025



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El Defensor del Pueblo pide claridad sobre los vertidos

El alto comisionado de las Cortes pide al Ayuntamiento y a la CHG la información requerida por la Plataforma Contra la Contaminación

 

PACO GALEANO Almendralejo Lunes, 17 de noviembre 2025

El Defensor del Pueblo contestaba hace unas fechas a la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo (PCCA) a raíz de la información que desde este colectivo le habían hecho llegar ante lo que consideran «una falta de transparencia», tanto del Consistorio almendralejense como de la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana. Una falta de información que está relacionada con las continuas peticiones de información que viene requiriendo desde hace meses el colectivo sobre la posible procedencia de los vertidos que se producen de forma periódica sobre los arroyos Las Picadas y Harnina. Vertidos, de claro carácter industrial, que están completamente prohibidos y de los que se desconoce su procedencia.

Para la plataforma ciudadana, la CHG viene evitando entregar cualquier tipo de documentación que pueda determinar si el Ayuntamiento ha incumplido las obligaciones que tendría como responsable último de la estación depuradora de aguas residuales urbanas y del control de los vertidos industriales. Un Ayuntamiento que para la PCCA no informa ni sobre las causas, ni sobre las posibles medidas correctoras si las aplica, ni sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones.

Entre otras cuestiones, el colectivo pregunta «¿Por qué una institución pública escondería información que debería ser de dominio público? ¿Por qué un organismo de cuenca se limitaría a enviar una tabla superficial de expedientes y omitir precisamente los elementos más sensibles?», para contestarse así mismo que «cuando la transparencia se convierte en un obstáculo, el ciudadano se convierte en víctima».

Opacidad estructural

Para la plataforma la comunicación recibida desde la oficina del Defensor del Pueblo es un respaldo a sus reivindicaciones y deja en muy mal lugar a ambos organismos. De ellos la plataforma señala su «opacidad estructural, una cultura del silencio y una negligencia informativa que agrede directamente el derecho ciudadano a saber la verdad», para continuar diciendo que «la falta de información no es solo una negligencia: es una forma de desprotección ciudadana». También recuerdan que más allá de haber recibido esta comunicación el procedimiento que lo conllevó continuará abierto.

Desde la PCCA, que considera que «el silencio contamina más que los vertidos» esperan que ahora esta comunicación sirva tanto a la CHG como al Ayuntamiento para romper sus silencios y ofrecer toda la información requerida desde hace meses.s.

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El Defensor del Pueblo interviene ante la falta de transparencia en los vertidos en Almendralejo

Esta institución habla de falta de transparencia de CHG y el Ayuntamiento de Almendralejo por algunos vertidos contaminantes en el término municipal

Rodrigo Morán   Rodrigo Morán Almendralejo 18 NOV 2025

 El Defensor del Pueblo ha dado un paso decisivo ante la falta de transparencia detectada en la gestión de los vertidos contaminantes en Almendralejo. Su intervención se produce tras la queja presentada el 23 de abril de 2023 por la Plataforma Contra la Contaminación en Almendralejo, que motivó la apertura de un expediente aún en curso. Según ha informado la propia plataforma, después de la nueva documentación remitida en octubre de este año, la institución estatal ha enviado una comunicación cuyo contenido «no deja lugar a dudas» sobre la opacidad existente en torno a este problema ambiental.

Desde hace décadas, los arroyos Picadas y Harnina son escenario de episodios de contaminación, infracciones, sanciones y requerimientos que han puesto en alerta tanto a colectivos ecologistas como a vecinos. Sin embargo, la Plataforma subraya que, más allá del deterioro ambiental, lo verdaderamente preocupante ahora es «el estado de nuestras instituciones». La asociación sostiene que lo revelado por el Defensor del Pueblo no se limita a un retraso administrativo, sino que evidencia «una cultura del silencio» y una «negligencia informativa» que vulnera el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.

La crítica más contundente se dirige hacia la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), el organismo responsable de vigilar y sancionar vertidos. Según denuncia la plataforma, la CHG ha evitado entregar resoluciones, requerimientos e informes de inspección esenciales para determinar si el Ayuntamiento de Almendralejo ha cumplido con sus obligaciones legales. Se trata, afirman, de documentos claves para saber si se han producido vertidos en tiempo seco, una de las infracciones más graves dentro del sistema de saneamiento.

La plataforma cuestiona abiertamente por qué un organismo público ocultaría información que debería ser de dominio público o se limitaría a enviar una tabla superficial de expedientes omitiendo los elementos más sensibles. «La respuesta es evidente: la transparencia no es una prioridad», lamenta la Plataforma, que advierte de que cuando la información se convierte en un obstáculo, «el ciudadano pasa a ser víctima».

Las críticas alcanzan también al Ayuntamiento de Almendralejo, responsable último del control de la EDARU y de los vertidos industriales. La Plataforma denuncia que el consistorio no ha ofrecido explicaciones públicas, ni ha informado sobre causas, medidas adoptadas o grado de cumplimiento de sus obligaciones. «No ha hablado. No ha aclarado. No ha rendido cuentas», resume el comunicado.

La organización ecologista subraya que, en un municipio con episodios contaminantes recurrentes, la falta de transparencia supone una forma de desprotección ciudadana y «una agresión al derecho colectivo a un entorno saludable». Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha reclamado explicaciones, documentación, inspecciones reales y garantías de transparencia. Para la plataforma, su intervención demuestra que «una institución responsable sí sabe actuar».

 

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