Fundada en julio de 2004. Inscrita en el registro de Asociaciones de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura en octubre de 2004 con el número 3.829. Teléfono 675 043 835

Para ponerte en contacto con nosotros pulsa el logo del correo electrónico.

El Consejo de Transparencia obliga al Ministerio de Justicia a proporcionar información a la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo.

Esther Arizmendi-presidenta del Consejo de Transparencia

En enero de 2017, al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio, la asociación remitió un escrito al Ministerio de Justicia en el cual, tras hacer un resumen del procedimiento seguido por la ONU contra España por incumplimiento del Convenio de Aarhus, se solicitaba información.

Una vez transcurrido el plazo legalmente establecido sin recibir contestación a la solicitud, en febrero de 2017, la Plataforma al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, remitió la misma solicitud a la Sección de Transparencia del Ministerio de Justicia.

Como viene siendo habitual, el Ministerio no contestó a la solicitud de información en el plazo legalmente establecido en la Ley 19/2013. La falta de respuesta obligó a la Plataforma a remitir una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en abril de 2017.

En mayo de 2017, se recibe resolución del Ministerio de Justicia a nuestra solicitud de información de fecha 01 de marzo de 2017, en la cual se nos comunica: “según lo dispuesto en la letra e) del artículo 18.1 de la Lay 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, esta Secretaria General Técnica resuelve inadmitir la solicitud de acceso a la información pública”. Alegando, entre otras razones que la información solicitada “afecta a las relaciones exteriores de nuestro país”.

Al no estar de acuerdo con esta resolución, la Plataforma remitió al Consejo de Transparencia un escrito de alegaciones.

En julio de 2017, el Consejo de Transparencia, resuelve estimar parcialmente la reclamación contra la resolución del Ministerio de Justicia.
La resolución dice textualmente “por lo que el Ministerio debe proporcionar al Reclamante la siguiente información:

• Si el Ministerio de Justicia tiene conocimiento del proceso abierto a España por incumplimiento del Convenio de Aarhus.
• Si el Ministerio de Justicia es consciente de que el incumplimiento reiterado de las Resoluciones del Comité de Cumplimiento y de las Partes firmantes del tratado puede tener consecuencias negativas para España.
• Qué medidas ha tornado o estudia tomar el Ministerio de Justicia para que, sin dilaciones, España cumpla lo establecido en las mencionadas Resoluciones, de manera que antes del 11 de septiembre de 2017, fecha en que tendrá lugar, en Budva, Montenegro, el sexto periodo de sesiones de la Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus, España no se exponga a que las Partes puedan decidir suspender la aplicación del Convenio de Aarhus en nuestro país.”

Unos días después, el Ministerio de Justicia nos remite un escrito que, en teoría, daba cumplimiento a la resolución del Consejo de Transparencia. En el mismo realmente no se da la información que según la resolución del Consejo de Transparencia se debería haber proporcionado. Esto obligó a la Plataforma a remitir nuevamente al Consejo de transparencia un escrito de alegaciones. La Plataforma está a la espera de la contestación del Consejo de Transparencia.

Por su importancia, queremos destacar lo que indica Esther Arizmendi, Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, “El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo independiente creado en el corazón de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene una doble función: velar por el cumplimiento de la ley y fomentar el cambio cultural que supone el paso de una relación en la que la Administración era dueña de la información y, con ella, del poder que eso conlleva, a un nuevo modelo de gobernanza en el cual los datos y la información son propiedad de los ciudadanos y la Administración se convierte en mera depositaria y sujeto obligado a suministrarla.”

------------------------------------------------------------------------------------------------

En este enlace se puede acceder a la resolución de Consejo de Transparencia.
La resolución es la de Nº de referencia R/0155/2017.

En este enlace se pude descargar en formato pdf todas las resoluciones estimadas del mes de junio de 2017, entre la cuales se encuentra la de la Plataforma.

26 de julio de 2017

Obligan a Justicia a contestar a una plataforma ciudadana de Almendralejo

El Consejo de Transparencia da la razón al colectivo contra la contaminación en su petición de información sobre el medio ambiente

GLORIA CASARES - Viernes, 28 julio 2017

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, obliga al Ministerio de Justicia a proporcionar información a la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo sobre el cumplimiento por parte de España del convenio Aarhus.

Se trata de un convenio internacional sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

La plataforma de Almendralejo remitió un escrito en enero en el que solicitaba información al Ministerio de Justicia sobre el procedimiento seguido por la ONU contra España «por incumplimiento del Convenio de Aarhus». Y es que esta plataforma ya denunció en 2009 ante este organismo internacional el reiterado incumplimiento de España de este convenio.

Una vez transcurrido el plazo legalmente establecido sin recibir contestación, en febrero la plataforma remitió la misma solicitud a la Sección de Transparencia del Ministerio de Justicia, que tampoco fue contestada. Por ello, decidió remitir una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en abril.

En mayo el Ministerio remitió una resolución en la que se comunica que la Secretaria General Técnica «resuelve inadmitir la solicitud de acceso a la información pública», solicitada por la plataforma, alegando, entre otras razones, que la información solicitada «afecta a las relaciones exteriores de nuestro país».

Al no estar de acuerdo con dicha resolución, la plataforma remitió al Consejo de Transparencia un escrito de alegaciones.

Y este mes de julio este Consejo ha resuelto «estimar parcialmente la reclamación contra la resolución del Ministerio de Justicia», al que obliga a proporcionar información sobre «si tiene conocimiento del proceso abierto a España por incumplimiento del Convenio de Aarhus» y si «es consciente de que el incumplimiento reiterado de las resoluciones del Comité de Cumplimiento y de las partes firmantes del tratado puede tener consecuencias negativas para España».

Además, le pedía contestar a «qué medidas ha tomado o estudia tomar para que, sin dilaciones, España cumpla lo establecido» para que en la próxima reunión «España no se exponga a que las partes puedan decidir suspender la aplicación del Convenio de Aarhus en nuestro país».

Unos días después, el Ministerio remitió un escrito con el que la plataforma no se cree que se facilita la información, por lo que han remitido un nuevo escrito de alegaciones, a la espera de su contestación.

Asimismo, esta plataforma ha logrado que el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presente una proposición de ley en el Congreso de los Diputados de «asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan como fin la protección del medio ambiente cuando ejerzan la acción popular, así como cualquier otra acción en defensa de los intereses medioambientales».

Fuente