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27
Mar
2025
El ayuntamiento de Almendralejo desafía de forma sistemática la ley y amenaza los principios democráticos
Falta de transparencia
La opacidad y la falta de rendición de cuentas del Ayuntamiento de Almendralejo han alcanzado niveles inaceptables. A pesar de las reiteradas resoluciones emitidas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y las intervenciones del Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento sigue sin proporcionar la información requerida sobre la alarmante pérdida de más de un millón de litros de agua diarios en la piscina municipal.
Desde el 2 de junio de 2023, se han realizado numerosas solicitudes de acceso a la información en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sin embargo, el Ayuntamiento ha optado por una actitud de total desprecio hacia la legislación vigente, ignorando las resoluciones del CTBG y negándose a rendir cuentas ante la ciudadanía.
El 26 de febrero de 2024, el CTBG dictó una resolución instando al Ayuntamiento a facilitar la información en un plazo máximo de 20 días hábiles. Posteriormente, el 29 de octubre de 2024, se emitió una nueva resolución exigiendo la entrega del expediente completo del "desequilibrio económico" de la empresa Socamex, concesionaria del servicio de aguas. Ambas resoluciones han sido ignoradas deliberadamente, lo que evidencia una actitud de rebeldía institucional, algo muy grave porque demuestra que la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Almendralejo, puede incumplir la ley sin consecuencias
Esta conducta del Ayuntamiento no solo es ilegal, sino que además suscita serias sospechas sobre las razones de su negativa a proporcionar la información. ¿Existe una gestión deficiente o irregularidades que intentan ocultar? ¿Se trata de una estrategia para evitar responsabilidades políticas y administrativas? La falta de transparencia solo alimenta la desconfianza ciudadana y erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas.
El Defensor del Pueblo, en sus comunicados de diciembre de 2024 y febrero de 2025, ha condenado la falta de colaboración del Ayuntamiento y ha reiterado su obligación inexcusable de cumplir con la normativa vigente. Sin embargo, hasta la fecha, la Administración local persiste en su negativa a rendir cuentas. Una vez más un caso claro de la ineficacia de los organismos del Estado.
Esta actitud de rebeldía administrativa no solo vulnera los derechos de los ciudadanos, sino que también sienta un peligroso precedente en nuestro sistema democrático. Si una administración pública puede ignorar impunemente las resoluciones de los organismos de control sin enfrentar consecuencias, el Estado de Derecho se ve gravemente comprometido. Permitir que este comportamiento quede sin sanción abriría la puerta a la arbitrariedad y la corrupción.
Ante esta situación de resistencia institucional, se han elevado denuncias a la Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura y al Presidente del Gobierno, exigiendo medidas coercitivas inmediatas que garanticen el respeto al principio de transparencia y buen gobierno.
El incumplimiento sistemático de las resoluciones del CTBG y la negativa reiterada a proporcionar información pública son una afrenta directa al Estado de Derecho y una grave falta de respeto a la ciudadanía. Es imprescindible que se adopten medidas urgentes para garantizar la transparencia y evitar que estas prácticas autoritarias se normalicen en la gestión pública.
Se hace un llamamiento a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la sociedad civil a visibilizar esta situación, con el fin de exigir responsabilidades y asegurar el derecho ciudadano a una gestión pública honesta y transparente.
27 de marzo de 2025
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